La acusación constitucional del Parlamento era tan frágil que la Fiscalía respaldó el pedido de la exfiscal de la Nación para que se cerrara el caso.

El Poder Judicial nuevamente le da la razón a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y ordenó el archivo definitivo del proceso penal en su contra por presunto prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones. Este proceso tiene como punto de origen la acusación constitucional del Congreso por el reglamento fiscal que nunca respaldó ni firmó.

Según la acusación del Congreso, el Reglamento denominado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito” modificaba “de facto” los lineamientos de la Ley 32130, que otorgó inconstitucionalmente a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares.

Si bien Delia Espinoza no firmó ni respaldó ese documento, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en la resolución, no ordena el archivo del proceso por esa razón, sino porque los hechos imputados no constituyen delito, que es lo que se evalúa en una excepción de improcedencia de acción. En este tipo de recurso está prohibido hacer valoraciones probatorias, como determinar si efectivamente participó en la elaboración del reglamento.